jueves, 13 de agosto de 2026

El Gobierno de Gustavo Petro prohibió la explotación minera y petrolera en el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz mediante la Resolución 0960 de 2026, una decisión que implica la protección de más de 314.700 hectáreas, según Valora Analitik. La norma cierra la puerta a la minería y a la exploración y explotación de petróleo y gas en esa zona de Colombia.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, quien también dirige la ANLA, firmó la resolución en cumplimiento de un fallo del Juzgado 40 y de una sentencia ordenada por la Corte Constitucional en 2017.

El proceso de construcción de la norma se desarrolló en siete fases, con la participación de más de 3.300 personas y más de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas.

El complejo provee agua a 16 acueductos veredales y beneficia a cerca de 16.000 usuarios en Ciudad Bolívar, Soacha y Usme, además de más de 3.340 familias en Pasca.

En materia de biodiversidad, la zona alberga cerca de 670 especies de plantas, equivalentes al 20% de las registradas en los páramos colombianos, y 98 especies de plantas endémicas. También concentra el 17% de las especies de mamíferos del país, el 51% de las aves restringidas a ecosistemas de páramo y el 18% de los anfibios de alta montaña.

AES Colombia, Celsia y Enel enfrentan un pliego de cargos formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. El expediente arrancó a partir de una denuncia que el Ministerio de Minas y Energía radicó el 11 de enero de 2022, en la que se planteaban presuntos incrementos significativos del precio de la energía eléctrica transada en la bolsa.

Según la autoridad de competencia, hay indicios de que las tres compañías investigadas habrían presentado, entre 2022 y 2025, ofertas de precio en la bolsa que se apartarían del costo de oportunidad del recurso hídrico. La SIC sostiene que, en ese lapso, las plantas de generación involucradas registraban niveles de almacenamiento de agua en los embalses iguales o superiores al 90 % de la capacidad útil.

Desde el gremio de generadores, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, describió la decisión como el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador. La asociación pidió a la Procuraduría General de la Nación un seguimiento y acompañamiento preventivo, orientado a garantizar la independencia técnica y el respeto al debido proceso.