jueves, 20 de agosto de 2026

Entre 2022 y 2025, las restricciones del Sistema Interconectado Nacional le significaron 24,9 billones de pesos a los usuarios del servicio eléctrico en Colombia, un sobrecosto que responde en buena medida al rezago de las obras de transmisión, según el diario El Tiempo. Desde 2008 esas restricciones suman 58,9 billones de pesos, de modo que el cuatrienio reciente concentra el 42,2 por ciento del total.

La curva anual muestra la magnitud del salto: 1,15 billones de pesos en 2008 frente a un máximo histórico de 8,34 billones en 2024, equivalente a 7,2 veces el valor inicial. Mejores condiciones hidrológicas llevaron la cifra a 5,36 billones en 2025, todavía 4,7 veces el registro de hace 18 años.

Con corte a mayo de 2026, 189 de las 390 restricciones identificadas en el sistema, el 48,5 por ciento, carecen de un proyecto de expansión asociado, y en el 94,9 por ciento de los casos no hay una obra que avance según el cronograma previsto.

El mapa del problema está concentrado: la región Caribe agrupa el 39 por ciento de las restricciones identificadas y, en 73 de ellas, aún no hay un proyecto definido para resolverlas.

Entre las causas de los retrasos, la Superservicios señala sobre todo las demoras en licenciamiento ambiental, los obstáculos para adquirir predios y servidumbres, y los inconvenientes logísticos y técnicos que surgen durante la ejecución de las obras.

Residentes del municipio San Diego, en el estado Carabobo, reclamaron a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que publique de manera formal un cronograma de cortes programados y que ajuste las tarifas comerciales y residenciales a la calidad del servicio que reciben, según informó el medio venezolano Descifrado.

El concejal Israel Figueredo pidió instalar mesas técnicas para revisar los montos facturados y denunció que en algunas zonas de San Diego los recibos llegaron a 10.000 bolívares. "¿por qué si no estás garantizando el 100 % del servicio tienes que cobrar el 100 %?", cuestionó Figueredo.

La comunidad rechazó los cobros mensuales pese a las interrupciones recurrentes del suministro eléctrico, que además detienen otros servicios básicos locales como la distribución de gas doméstico.