domingo, 6 de septiembre de 2026

El presidente Rodrigo Paz responsabilizó a las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la actual situación de abastecimiento de combustibles y por la caída de la producción de gas en Bolivia, según informó el diario La Razón.

El mandatario cuestionó los resultados de los últimos 20 años de gestión estatal y sostuvo que el país atraviesa una crisis originada por la falta de inversiones y de exploración de nuevos yacimientos.

Paz afirmó que Bolivia vende gas a Brasil y que existe gas en el territorio, pero que no se exploró. "Mentirosos, ladrones y para colmo flojos. Nosotros le vendemos gas a Brasil, hay gas en Bolivia, pero no exploraron por flojos", declaró el presidente.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Paz atribuye la situación heredada a las administraciones de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce.

SGS Perú puso en marcha un laboratorio de análisis de gas natural en su sede del Callao, orientado a la industria energética y a usuarios industriales de ese combustible, según informó el diario peruano Gestión.

La instalación pertenece a la certificadora de origen suizo y atenderá a empresas dedicadas a la producción, el transporte y la distribución de gas natural, además de industrias y comercios que lo utilizan como insumo.

La Gobernación considera necesario que el Gobierno nacional emita un Decreto Supremo que habilite a las gobernaciones a establecer relaciones directas con empresas privadas dedicadas a la importación y comercialización de combustibles, según informó el diario boliviano La Razón.

El mecanismo planteado contempla que los carburantes ingresen a Bolivia sin subsidio y a precios internacionales.

Los tres acusados en la causa Comarsa quedaron fuera de la imputación por fraude, según resolvió el juez Juan Manuel Kees, quien anticipó que el expediente llegará a juicio por contaminación peligrosa para la salud, de acuerdo con lo informado por el diario Río Negro de Argentina. La decisión se conoció en la audiencia previa al debate por el basurero petrolero situado en Neuquén.

Durante esa instancia, la acusación describió una maniobra orientada a conseguir millones de dólares y presentó una nómina de 91 testigos. El fiscal Breide Obeid sostuvo que hubo certificados ambientales fraguados para aparentar que el material recibía tratamiento y que por esa vía se retiraron ganancias que estimó en más de 7 millones de dólares.

El fiscal en jefe ubicó el inicio de la contaminación en 2013 y lo extendió hasta la formulación de cargos, en febrero de 2025, con una precisión: «Sigue en la actualidad». A su criterio, los imputados enfrentarán una pena de prisión de más de 6 años por conducta criminal dolosa.

Del otro lado, la defensa del dueño de la empresa tratadora de residuos peligrosos llevó su planteo al Tribunal Superior de Justicia y pidió suspender el juicio mediante una suspensión del juicio a prueba. La propuesta incluye equipamiento para hospitales de la ciudad de Neuquén, tres años de buena conducta y la continuidad del traslado de los residuos peligrosos hacia Añelo.

La definición quedó en manos de los vocales de la sala penal del TSJ, Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Genari, con plazo hasta el 5 de noviembre para dar a conocer su veredicto sobre esa alternativa.