sábado, 12 de septiembre de 2026

El campo Loran, en la provincia gasífera de Plataforma Deltana, frente a Venezuela, tendrá a BP al frente de su Fase 2 tras la concesión de una licencia de exploración y producción, informó el medio especializado Petroleo & Energia. Los recursos de gas recuperables de esa fase rondan los 4 billones de pies cúbicos, según el cálculo de la propia compañía.

Tres socios se reparten el permiso en porciones idénticas: además de BP, participan XRG, vehículo de inversión internacional en energía de ADNOC con sede en Abu Dabi, y UCC Oil and Gas Holding. La operación principal del proyecto queda en manos de BP.

Un segundo acuerdo, separado del anterior, vincula a la petrolera con el gobierno venezolano: un memorando de entendimiento sobre el Bloque Carúpano Este, que se sitúa en la subcuenca de Caracolito, dentro del área marítima Mariscal Sucre.

Ambos convenios quedaron cerrados mientras Meg O'Neill, consejera delegada de BP, se encontraba de visita en el país, con David Campbell, vicepresidente sénior para América Latina y el Caribe, en la comitiva.

Las empresas eléctricas de Ecuador solicitaron desde mediados de agosto a industrias y centros comerciales que operen sus propios generadores de electricidad durante determinados horarios, en una medida consensuada y opcional, según informó el medio ecuatoriano Primicias.

El pedido coincide con el arranque de la temporada seca. El estiaje se adelantó a septiembre de 2026 y se extenderá hasta marzo de 2027, según el Ministerio del Ambiente y Energía.

El indicador más seguido del sistema es el embalse Mazar. A las 18:00 del 9 de septiembre de 2026, su cota fue de 2.143,54 metros sobre el nivel del mar, casi 10 metros por debajo del nivel máximo fijado en 2.153 m.s.n.m..

Mazar forma parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, junto con las centrales Paute y Sopladora, con una potencia instalada conjunta de 1.757 MW. Ese complejo puede cubrir hasta el 30% de la demanda eléctrica del país.

Aresep fijó nuevos precios para los combustibles en Costa Rica y el mayor movimiento recayó sobre el diésel: ¢82 más por litro, que lo llevan de ¢606 a ¢688.

En la gasolina regular el movimiento va en sentido contrario. El litro se abarata ¢51 y su nivel baja desde ¢758 hasta ¢707. La súper, por su parte, se encarece ¢22 y queda en ¢726 por litro. Con esos valores, ambas gasolinas quedan separadas por menos de veinte colones por litro.

La resolución alcanza además al gas licuado de petróleo en mezcla 70-30: cada litro sumará ¢5 y se ubicará en ¢259, frente a los ¢254 que regían antes. El envase doméstico más usado, el cilindro de 25 libras, quedó aprobado en ¢7.071, es decir ¢82 por encima de los ¢6.989 vigentes.

Para calcular los nuevos valores, el regulador tomó como referencia los costos de importación que le reporta la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), con base en los embarques efectuados entre el 17 de agosto y el 10 de setiembre. El peso de esa referencia se explica por un dato de fondo del mercado costarricense: la totalidad de los combustibles que consume el país llega del exterior.

El ajuste genera efectos distintos según el producto. El transporte que funciona con diésel absorbe el alza más fuerte por litro, mientras el alivio se concentra en quienes consumen gasolina regular. En los hogares que cocinan con gas, el encarecimiento llega por dos vías simultáneas, el litro de la mezcla 70-30 y el cilindro de 25 libras.

El precio del crudo Brent superó los USD 107 por barril en medio del incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, según ABC Color. La escalada de las referencias internacionales alimenta la expectativa de una quinta suba de los precios de los combustibles en Paraguay.

El West Texas Intermediate (WTI) se ubicó por encima de los USD 101 por barril en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La cotización internacional del heating oil, referencia del diésel, volvió a superar los USD 5 por galón.

Las obras eléctricas que Paraguay necesita superan lo que el presupuesto público puede cubrir por sí solo, sostuvo el presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), Amilcar Troche, en declaraciones a ABC Color. "La magnitud de las inversiones requeridas hace difícil pensar que el Estado pueda financiarlas exclusivamente por recursos públicos", dijo.

Troche puso sobre la mesa un caso concreto: la planta fotovoltaica prevista en Loma Plata, de aproximadamente 140 MW, amparada en la Ley 7599/2025 que moderniza el régimen de energías renovables no convencionales.

El ingeniero César Ozuna, del CPI, recordó la dimensión de la agenda pendiente: el plan maestro de ANDE de 2021 ya contemplaba US$ 8.000 millones, repartidos entre US$ 5.000 millones para transmisión y distribución y US$ 3.000 millones para generación.

El consultor Guillermo López Flores atribuye la raíz del problema al andamiaje legal vigente: la Ley 966/64 ordena desde hace 62 años el sector eléctrico paraguayo en torno a ANDE.

El costo de un regulador con autonomía tiene referencias regionales. Troche mencionó el caso uruguayo, donde el ente regulador eléctrico cubre su presupuesto con el 0,2% de la facturación bruta del sector, mientras que en países más desarrollados ese porcentaje llega hasta el 2%. Llevado a la facturación de ANDE, el mismo rango arrojaría entre US$ 3,5 millones y US$ 5 millones anuales para sostener al regulador paraguayo.

El juzgado citó al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, a declarar el martes 22 de septiembre en el proceso que le siguen los extrabajadores desvinculados de la binacional, en la diligencia de absolución de posiciones, informó el diario paraguayo ABC Color.

El origen del pleito está en octubre de 2023: la Dirección Paraguaya de Itaipú Binacional dejó sin efecto, en bloque, la contratación de más de 180 personas que habían accedido a la entidad a través del Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023. La hidroeléctrica sostuvo entonces que había fallas en cómo se divulgó el concurso, en la revisión de los documentos presentados y en los criterios con que se eligió a los postulantes.

Desde entonces el expediente no avanzó. Durante más de dos años se acumularon incidentes, recusaciones, apelaciones y otros planteos presentados por los abogados de Itaipú, que mantuvieron la causa detenida. Los demandantes reaccionaron con un pedido formal al tribunal: que esa forma de litigar sea calificada como temeraria, de mala fe y como ejercicio abusivo del derecho.

La parte actora también argumenta que el trámite puede seguir su curso, porque la Corte Suprema de Justicia no dictó ninguna medida cautelar que lo suspenda.

El extitular de Industria y Comercio Diego Zavala, hablando en representación del CEAL, objetó la arquitectura institucional que propone el Poder Ejecutivo en Paraguay: la Entidad Reguladora de Energía (ERE) nacería bajo la órbita de un Ministerio de Energía y no con autonomía propia, según recogió ABC Color.

El reparo central es de jerarquía. Zavala señaló que la iniciativa deja al regulador en el mismo escalón que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y, en sus palabras, eso "le quitará capacidad real de sancionarla" o de dirimir disputas con generadoras privadas.

La formación de precios en la generación solar recibió otro cuestionamiento. El exministro planteó que instalar fotovoltaica cuesta en realidad entre 40 y 50 dólares por megavatio hora, pese a lo cual la ANDE equipara el precio ofrecido con el de Itaipú.

En materia de transporte, Zavala expuso que las buenas prácticas internacionales fijan un ciclo de renovación de 10 años para las líneas de alta tensión, y sostuvo que la ANDE carece de la agilidad financiera para sostener ese ritmo.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), junto con otros gremios de la institución, anunció una jornada de protesta para el lunes desde las 7:00 en Asunción, que incluirá una conferencia de prensa y un acto ante la sede central de la ANDE, sobre la avenida España.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) presentaron una demanda ante un juzgado federal de Río Grande, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, contra el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas y Rockhopper.

El yacimiento Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y podría producir hasta 125.000 barriles diarios de petróleo para 2030. Navitas posee el 65% del capital del proyecto y Rockhopper el resto.

El desarrollo prevé inversiones de casi USD 4.000 millones para sus dos fases y una vida productiva de 30 años. El Gobierno isleño de las Malvinas estima recibir aproximadamente USD 2.000 millones en regalías durante los 30 años de las fases 1 y 2 del proyecto.

El litigio se suma a sanciones administrativas previas. En 2013, Argentina inhabilitó por 20 años a Rockhopper para operar en el país por desarrollar actividades en la plataforma continental argentina sin autorización, y aplicó idéntica sanción a Navitas en 2022.

El presidente argentino Javier Milei anunció que inhabilitará para operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina.

Las comercializadoras de materias primas Mercuria Energy Group y Glencore sostienen negociaciones por vías separadas con el gobierno venezolano con el fin de asumir la operación de la estatal Industria Venezolana de Aluminio C.A. (Venalum), de acuerdo con información atribuida a Bloomberg y difundida por el diario El Nacional.

Ubicada en el polo industrial de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, Venalum es la mayor fundición de aluminio del país. Según los datos citados por El Nacional, su capacidad instalada rondaría las 430.000 toneladas anuales de aluminio primario.

La fundición redujo drásticamente su producción tras años marcados por la falta de inversión, los cortes de electricidad y el caos económico.

Para este proceso, Mercuria se asocia con la firma privada de inversión minera Heeney Capital, socio con el que ya cerró acuerdos anteriores para adquirir materias primas a granel y metales venezolanos, entre ellos oro.