viernes, 2 de octubre de 2026

En Colombia no se aplicará el aumento de $46 por galón que se había previsto para la gasolina motor corriente en octubre, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella pidiera no trasladar ese ajuste a los consumidores.

Ese incremento respondía a la actualización del precio que se reconoce a los productores de etanol. El pago a esos productores sigue en pie, pero su costo para octubre, estimado en 8.300 millones de pesos, lo cubrirá el Gobierno nacional como subsidio a los usuarios.

El precio del ACPM tampoco se modifica, en línea con la medida que ya se había adoptado en septiembre frente a los efectos del terremoto.

Un yacimiento convencional busca por primera vez los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Pan American Energy pidió adherirse al RIGI para un desarrollo de recuperación terciaria en Cerro Dragón, en la provincia argentina de Chubut, con una inversión cercana a los USD 1200 millones.

De acuerdo con La Nación, ningún proyecto de producción convencional había solicitado antes el acceso a este régimen.

El plan técnico se apoya en la inyección de polímeros. Según la firma, abarca 22 plantas de inyección de ese tipo, la perforación de 100 pozos entre productores e inyectores y trabajos de intervención en otros 600 pozos productores.

La empresa calcula que la recuperación terciaria podría elevar hasta un 5% adicional el factor de recuperación frente al que se logra con recuperación secundaria.

Con esa técnica, la operadora proyecta sumar una producción incremental de 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural. En su punto máximo, el desarrollo aportaría más de 16.600 barriles diarios de petróleo equivalente por encima de la producción prevista para el área.

El politólogo Carlos De la Torre Paredes afirmó que se necesita apoyo internacional para frenar la minería ilegal, según declaraciones recogidas por Rumbo Minero.

De la Torre advirtió además que la discusión sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como ley MAPE, debe conducir a una formalización efectiva.

El sistema eléctrico de Venezuela enfrenta un déficit de unos 3.000 MW, de acuerdo con análisis de los ingenieros Víctor Poleo y José Aguilar, divulgados por el diario El Nacional. Según esos cálculos, el país requiere actualmente alrededor de 15.000 MW para cubrir la demanda nacional, mientras que la generación disponible ronda los 12.000 MW.

Para compensar esa brecha de 3.000 MW se aplica un deslastre que afecta de manera crítica a Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.

La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri, opera con 7 máquinas inactivas, frente a las 9 paradas que se registraron en 2019.

Entre las medidas anunciadas para recuperar el sector figura un convenio con la empresa estadounidense GE Vernova, que contempla incorporar 1.000 MW en los primeros 24 meses y más de 5.000 MW en cuatro años, junto con trabajos de rehabilitación de la infraestructura. El Ministerio de Energía Eléctrica, por su parte, prometió sumar 1.300 MW al sistema en el último trimestre de 2026.

El subsidio estatal al combustible destinado al transporte público en Panamá podría eliminarse cuando las cotizaciones internacionales retornen a niveles estables, según un informe difundido por la agencia Prensa Latina.

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida por USD 30 millones, con el fin de completar los USD 100 millones autorizados por el Consejo de Gabinete para financiar el programa.

Fernández precisó que hasta la fecha se habían utilizado USD 66 millones del subsidio.

El consumo mensual del programa ronda los USD 17 millones y alcanza a flotas comerciales e industriales, la pesca artesanal y el transporte público.

Argentina rechazó las críticas de Gran Bretaña por el proyecto petrolero Sea Lion, según informó Revista Petroquímica. La Cancillería argentina defendió su pedido de arbitraje internacional orientado a frenar la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

El reclamo argentino busca paralizar la explotación petrolera del Proyecto Sea Lion en la zona de las Islas Malvinas, con el objetivo de preservar los derechos sobre los recursos naturales.

Ante las declaraciones británicas, la Cancillería sostuvo que acudir a un tribunal imparcial constituye un acto de responsabilidad institucional.

El alza del precio internacional del gas licuado de petróleo no repercute en El Salvador por efecto de las leyes vigentes, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

Para octubre, los valores máximos de venta al público quedaron en 4,61 dólares el tambo de 10 libras, 8,98 dólares el de 20 libras, 11,13 dólares el de 25 libras y 15,50 dólares el de 35 libras.

De no aplicarse esa estabilización, el tambo de 35 libras subiría 1,25 dólares; el de 25 libras, 90 centavos; el de 20 libras, 72 centavos; y el de 10 libras, 36 centavos.

La actividad minera de Chile se contrajo 17,4% en agosto en la serie original del Imacec, según el medio Ex-Ante. La economía chilena cayó 1% frente a agosto de 2025, cifra que se ubicó en la parte baja de las estimaciones del mercado, y la principal incidencia negativa provino del sector minero.

El nivel de actividad alcanzado por la minería fue el más bajo desde 1996, sin considerar la caída registrada en marzo de 2017 por una huelga en Escondida que se extendió durante 44 días.

El Banco Central de Chile atribuyó el retroceso a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. En su comunicado, el instituto emisor señaló: "En esta caída incidieron menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas".

La mayor producción de servicios, con un alza de 0,8%, y del resto de bienes, con 4,9%, compensó parcialmente el mal desempeño del sector minero.

El Gobierno de Chile impulsa cambios para facilitar el financiamiento de empresas de exploración minera.

Un grupo de senadores demócratas reclamó explicaciones a funcionarios estadounidenses por el acuerdo petrolero entre Washington y North American Blue Energy Partners, empresa que dirige Alejandro Betancourt, según el medio venezolano Tal Cual. Los legisladores objetan que no existe un marco legal claro que respalde la operación.

En el centro de la objeción está el alcance de la norma que creó la Oficina de Capital Estratégico. Los senadores sostienen que esa ley no habilita de forma explícita la compra de participaciones accionariales en petroleras privadas.

El pacto abarca concesiones sobre 17 yacimientos en Venezuela e incluye ocho nuevos desarrollos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles. Según información difundida por la Casa Blanca, su vigencia se extiende a 100 años.

Los senadores pidieron el borrador completo del acuerdo antes de su firma, el listado de facultades legales que lo sustentarían y precisiones sobre el origen de los fondos públicos destinados a comprar crudo a Nabep.