Cinco frentes en Colombia, biocombustibles, exploración y una salida a Nueva York: la inversión se juega en el trámite

Un informe citado por Semana enumera cinco frentes que Colombia debe atender para recuperar la inversión en hidrocarburos: fiscal, jurídico, ambiental, fracking y corporativo. Según ese mismo documento, la reactivación del sector minero-energético puede generar hasta 695 billones de pesos en aporte fiscal.

La lista no describe incentivos nuevos por crear, sino conjuntos de reglas ya vigentes cuyo ajuste opera como condición previa a que la cifra fiscal se materialice. En las mismas jornadas, otras tres decisiones confirman que la disputa por la inversión en la región se juega en el mismo terreno: quién puede modificar el régimen bajo el cual una empresa ya comprometió capital, y con qué velocidad.

En el sector de los biocombustibles, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) presentó ante la Secretaría General de la Presidencia una carta dirigida al presidente Javier Milei para solicitar cambios en el proyecto de ley de biocombustibles tratado en el Senado. La cámara sostuvo que el esquema previsto pone en riesgo la continuidad de las pymes productoras de biodiésel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. El argumento central es contractual antes que industrial: reemplazar antes de su vencimiento el régimen de la ley 27.640, vigente hasta 2030, modificaría las condiciones bajo las cuales esas empresas realizaron inversiones de largo plazo.

En la exploración minera, el MINEM plantea que campañas iniciales de entre cinco y diez perforaciones puedan avanzar mediante declaraciones juradas, manteniendo los estándares ambientales. La simplificación evaluada busca reducir tiempos y facilitar nuevas inversiones sin disminuir esos estándares. El cambio no toca el estándar, toca el procedimiento por el cual una empresa acredita que lo cumple.

En refinación, el Decreto Supremo 5701 autoriza a YPFB Refinación a importar petróleo crudo directamente y procesarlo. El plan de la compañía incluye importar crudo para procesarlo en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz. Lo que se abre no es una nueva capacidad instalada sino una nueva vía de aprovisionamiento para la capacidad existente.

Y en el frente corporativo, la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá autorizó convocar una Asamblea General de Accionistas extraordinaria para someter a consideración el registro de sus acciones ante la SEC de Estados Unidos. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, explicó a Valora Analitik que uno de los efectos esperados de la venta de acciones a inversionistas minoristas sería un incremento en la liquidez de los títulos.

Cuatro ajustes que comparten un mismo eje

Ninguna de las cuatro medidas es un subsidio nuevo, un precio garantizado ni una convocatoria abierta. Cada una interviene sobre un tramo específico del andamiaje regulatorio: qué régimen fiscal rige un contrato firmado bajo la ley 27.640; cuántas perforaciones se despachan por declaración jurada en vez de un permiso completo; quién puede importar la materia prima que alimenta las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz; en qué mercado cotiza el paquete accionario de una empresa integrada de energía.

Esa coincidencia importa porque describe hacia dónde se desplaza el punto de apoyo de la política de inversión. En biocombustibles, Cepreb defiende un marco ya escrito y con fecha de vencimiento; su reclamo asume que la seguridad jurídica sobre el régimen vigente hasta 2030 es el activo que se negocia. En minería, el MINEM formula lo inverso: mantener el estándar ambiental y modificar la vía por la que se lo demuestra, con el objetivo declarado de facilitar nuevas inversiones. Son movimientos opuestos en apariencia, pero comparten el mismo eje: el trámite es el instrumento.

La autorización a YPFB Refinación se inscribe en la misma lógica. El Decreto Supremo 5701 no anuncia una obra ni un descubrimiento; habilita a la refinadora a comprar crudo afuera para procesarlo en Cochabamba y Santa Cruz, redefiniendo el perímetro de lo que la empresa puede hacer por sí sola. El listado en la SEC de Estados Unidos que evalúa el Grupo Energía Bogotá opera en un registro comparable: no cambia el negocio subyacente, cambia el marco en el que sus acciones se compran y se venden, con el efecto que su presidente atribuye sobre la liquidez.

Actores y silencios

El mapa de posiciones se ordena por proximidad al marco regulatorio previo. Cepreb se apoya en el vencimiento en 2030 de la ley 27.640 para defender la continuidad de las condiciones bajo las que ya invirtió, y expone a la vez a las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis como el grupo cuya continuidad quedaría en riesgo si el proyecto avanza sin los cambios pedidos. El Grupo Energía Bogotá, al abrir el registro en la SEC de Estados Unidos, apunta a ampliar la base de accionistas minoristas y a modificar la profundidad del mercado en el que se negocian sus títulos.

Del lado de la magnitud, el informe citado por Semana no descompone los 695 billones de pesos por origen y condiciona el total a que se resuelvan los cinco frentes; un frente sin cerrar arrastra la cifra completa hacia lo hipotético. Y hay ausencias significativas en el propio material: no consta una respuesta pública del presidente Javier Milei al planteo entregado por Cepreb en la Secretaría General de la Presidencia, ni una posición registrada de actores distintos de YPFB Refinación en la cadena que llega a Cochabamba y Santa Cruz al amparo del Decreto Supremo 5701. En ambos casos, la mecánica de las reglas avanza sin la contraparte pública que suele acompañarla.

Qué mirar en las próximas semanas

El texto final del proyecto de ley de biocombustibles al salir del Senado es el primer indicador concreto: allí se sabrá si el reclamo de Cepreb sobre el régimen de la ley 27.640 quedó incorporado o si el reemplazo anticipado se sostiene. En paralelo, la Asamblea General de Accionistas convocada por la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá debe pronunciarse sobre el registro ante la SEC de Estados Unidos, y la liquidez posterior de los títulos permitirá contrastar el efecto que anticipa Juan Ricardo Ortega.

En refinación, el dato relevante no está en el decreto sino en su ejecución: el volumen efectivo de crudo importado por YPFB Refinación bajo el Decreto Supremo 5701 y procesado en Cochabamba y Santa Cruz mostrará si la habilitación se traduce en carga adicional para las refinerías o si queda como una facultad latente. En minería, la reglamentación que fije cómo se aplican las declaraciones juradas a las campañas iniciales de entre cinco y diez perforaciones definirá cuánto se acorta el trámite y bajo qué controles ambientales concretos. Y en Colombia, la evolución simultánea de los cinco frentes citados por Semana determinará qué proporción de los hasta 695 billones de pesos en aporte fiscal deja de ser potencial y se convierte en recaudación efectiva.