YPFB corta 60 accesos informáticos y vigila las 180 estaciones de Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó cerca de 630 cuentas de acceso a sus sistemas sin ninguna persona asignada, un conjunto que la estatal boliviana vincula con el presunto desvío de combustibles en el país. La empresa inhabilitó de inmediato 60 de esos accesos.

En paralelo, la petrolera estatal extendió la vigilancia a los 180 surtidores que operan en el departamento de Santa Cruz, es decir, a la totalidad de la red departamental. El seguimiento de los despachos hacia esos puntos se centraliza en una sala de monitoreo que la empresa dejó operativa en menos de 24 horas.

Sergio Hinojosa, asesor de Presidencia de YPFB, describió el estado de la brecha informática y del trabajo pericial: "Los sistemas están cerrados, ya no son vulnerables, y hemos iniciado auditorías informáticas para determinar el grado y la amplitud de la manipulación". La dimensión de esa manipulación, según su propia formulación, depende todavía del resultado de las auditorías en marcha.

El trabajo de campo recaerá en la plantilla de la propia empresa. YPFB destinará alrededor de 60 funcionarios a tareas de seguimiento y control coordinadas con otros actores, una decisión que la estatal explica por la falta de personal suficiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para fiscalizar en terreno.

A ese operativo se sumará una instancia cívica. El Comité Pro Santa Cruz informó que participará en la fiscalización de la distribución de combustibles y vigilará el recorrido del producto desde el despacho hasta cada estación de servicio. Ese tramo entre la salida del combustible y su llegada al surtidor coincide con el circuito donde la estatal sitúa el presunto desvío.

Las auditorías informáticas anunciadas por Hinojosa buscan precisar hasta dónde llegó la intervención sobre los registros, sin que la estatal haya adelantado cuántas de las cuentas detectadas terminarán dadas de baja.