jueves, 24 de septiembre de 2026

Colombia podría llegar a importar entre 35% y 40% del gas que consume para finales de 2026, según Óscar Rincón, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, en una entrevista con Valora Analitik.

Rincón advirtió que una mayor dependencia de gas importado ejercería más presión sobre el precio del combustible en el mercado colombiano.

El dirigente gremial señaló que ese encarecimiento probablemente impactará los costos de generación eléctrica, en un contexto en el que se avecina el fenómeno de El Niño y la capacidad térmica se encuentra despachada casi en su totalidad. El gas actúa como materia prima para las plantas térmicas que respaldan al sistema cuando la generación hidroeléctrica se reduce por la sequía asociada a ese ciclo climático.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Economía Digital el 8 de septiembre de 2026, según Expansión.

El proyecto abre la puerta a limitar o prohibir el uso de efectivo en determinados sectores y giros, entre ellos las gasolineras y las casetas de peaje. Una vez aprobada la norma y tras su entrada en vigor, las autoridades involucradas dispondrán de un plazo de 15 días para definir qué actividades quedarán sujetas a esa restricción.

Los acreedores de la petroquímica Braskem están presionando a sus administradores concursales, Petrobras e IG4 Capital Group, para que aporten una inyección de capital de USD 3.000 millones que permita destrabar la reestructuración de USD 11.000 millones de deuda de la compañía, según informó El Periódico de la Energía.

La cifra reclamada supera el pedido anterior de la propia Braskem, que había solicitado a los acreedores USD 2.000 millones. De ese monto, USD 1.250 millones se destinarían a recomprar los pasivos existentes a un máximo del 50% de su valor nominal, y USD 750 millones a capital circulante.

En paralelo, los acreedores constatan una mayor implicación de Petrobras en las conversaciones, orientada a acordar condiciones preliminares de reestructuración antes del plazo del 9 de octubre. Si se alcanza ese acuerdo previo, Braskem dispondrá hasta finales de noviembre para ultimar el plan definitivo.

Siete regiones de Chile registraron una caída de su Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre, un desempeño que ayuda a explicar la contracción trimestral de la actividad nacional, según información preliminar de las Cuentas Nacionales difundida por La Tercera / Pulso.

El PIB nacional anotó una contracción de 0,2% en el mismo periodo, cifra que el Banco Central había informado en agosto.

En el balance regional, tres regiones acumularon dos trimestres consecutivos a la baja, situación considerada como recesión técnica, y otras tres encadenaron tres o más trimestres seguidos de contracción.

La Región de Atacama registró la mayor alza del PIB regional, con 8,3%, mientras que la Región de Antofagasta anotó la mayor caída, con -6,3%. Ambas regiones concentran una parte relevante de la actividad minera del país, con presencia de faenas de cobre, litio y otros minerales que definen el pulso productivo del norte chileno.

La empresa Alere S.R.L. prepara ante las autoridades bolivianas los documentos exigidos para pedir la autorización de importación de crudo, un paso previo a la reactivación de la refinería del municipio de Cuatro Cañadas, según La Razón.

El regulador señaló que continuará el trámite una vez que Alere presente formalmente el expediente completo.

En su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, la administración de Rodrigo Paz intentará cerrar acuerdos de inversión y alianzas con empresas tecnológicas del exterior, de acuerdo con el diario boliviano La Razón.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo que Bolivia quiere pasar de comprador de productos y servicios tecnológicos a proveedor dentro de las cadenas globales de producción y suministro del sector.

En ese planteamiento, los minerales críticos y las tierras raras del país aparecen como los recursos estratégicos que el Gobierno propone conectar con la industrialización y con encadenamientos productivos internacionales.

El transporte libre de Bolivia consultará a sus federaciones departamentales si se pliega al repliegue de unidades convocado para el lunes por el sector sindicalizado, según informó el diario La Razón.

La dirigencia del gremio todavía no había definido si respaldaría la medida anunciada por los transportistas sindicalizados, y trasladó la decisión a las bases regionales antes de fijar una postura común.

El proyecto Quantum AI Free Zone Campus, previsto para el cantón central de Limón, atraviesa cuestionamientos legales y ambientales que generan incertidumbre sobre el futuro de la obra y sobre las posibilidades de inversión de esta industria en Costa Rica, según El Financiero CR.

La continuidad del proyecto depende de que la empresa desarrolladora resuelva las situaciones pendientes y de que las autoridades otorguen las autorizaciones correspondientes. El diario costarricense subraya el silencio de la firma desarrolladora como un factor que alimenta las dudas sobre el avance de la iniciativa.

La promotora del complejo es Quantum Development Inc., que presenta el Quantum AI Free Zone Campus como el primer centro de datos de inteligencia artificial de Centroamérica, orientado a operaciones de IA, computación de alto rendimiento y servicios en la nube.

De acuerdo con el sitio web del proyecto, el complejo se ubicaría en un terreno de 42 hectáreas en el cantón central de Limón, contemplaría siete edificios para centros de datos de IA y se desarrollaría en tres fases. La misma firma indica que el campus está diseñado en torno a una subestación eléctrica dedicada de 230 kV, capaz de soportar hasta 200 MW de carga para el centro de datos de IA.

Consultados por El Tiempo, tres exministros de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez, Germán Arce y Tomás González, detallaron qué harían desde la cartera para conjurar un racionamiento eléctrico durante el próximo episodio de El Niño.

Suárez describió un margen operativo estrecho. "El sistema está operando absolutamente al límite, nada puede fallar porque no hay ningún respaldo", dijo la exfuncionaria. Sugirió como prioridad montar un centro de control unificado, con capacidad de vigilancia en tiempo real sobre todas las variables del sistema, siguiendo el modelo que ya usan las empresas del sector.

El diagnóstico de los tres exministros también apunta al costo fiscal del esquema tarifario vigente: cerca del 50% de la factura eléctrica que pagan los hogares colombianos corre por cuenta del Gobierno Nacional vía subsidios.

Brasil importó 5,48 GWp de módulos fotovoltaicos durante el primer semestre de 2026, según un informe de la consultora Greener difundido por pv magazine LatAm. La cifra representa una caída del 48% frente al mismo periodo del año anterior.

El ajuste fue especialmente marcado en el segmento de generación centralizada, donde el volumen de módulos destinado a grandes plantas se redujo un 82%.

La ASEP deberá convocar, a más tardar el 21 de octubre de 2027, el proceso competitivo para vender el paquete mayoritario de las distribuidoras eléctricas, según informó el diario panameño La Prensa.

El esquema contempla licitar el 51% de las acciones de las empresas de distribución eléctrica, mientras que el Estado conservará el 49% restante.

El calendario responde al vencimiento de los actuales contratos de concesión de Edemet, Edechi y ENSA, que culminan el 21 de octubre de 2028.

La legislación vigente habilita a las empresas operadoras actuales a competir nuevamente por las concesiones.

El sector del transporte pesado internacional de Santa Cruz, en Bolivia, advirtió que la eliminación de la subvención al diésel puede elevar sus costos operativos y trasladarse a los precios del transporte, los alimentos y otros productos.

El gremio alertó sobre un nuevo incremento ante la posibilidad de que el diésel llegue a Bs 18 por litro. Juan Yucra afirmó que ese precio implicaría un aumento del 100% en el costo del combustible.

Como alternativa, Yucra propuso permitir que privados importen carburantes sin aranceles durante unos 90 días o un poco más para analizar y evaluar la medida.