Colombia advierte un déficit de gas desde febrero de 2027 mientras Perú busca extender contratos petroleros

Colombia ya cubre cerca del 30% de su demanda de gas con producto importado. Sobre esa base, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, advirtió que, con las reservas actuales del país, puede haber un déficit de gas desde febrero de 2027. La fecha del faltante anunciado coincide con la que el propio Gobierno fija para una de sus medidas de respuesta, lo que sitúa la discusión en un horizonte de pocos meses y no de años.

Un faltante anunciado y respuestas con el mismo plazo

La cifra de dependencia ya establecida y la advertencia de déficit describen un sistema que entra en 2027 sin margen propio. El Gobierno busca habilitar 10 millones de pies cúbicos diarios de gas desde febrero de 2027, el mismo mes en que, según la ministra, puede abrirse el déficit. A ese volumen se suma la ampliación de la Regasificadora de Cartagena, que añadirá 58 millones de pies cúbicos diarios para el abastecimiento de las plantas térmicas.

Los dos aportes se mueven en una misma unidad diaria, pero responden a destinos distintos: la regasificadora apunta al abastecimiento de las plantas térmicas, mientras la habilitación prevista para febrero atiende el faltante general que la ministra describió. Puestos lado a lado, ambos se concentran en el arranque de 2027, el tramo más inmediato del problema.

El segundo plazo es más largo. La Creg convocará una subasta de expansión en junio de 2027 para asegurar la energía firme necesaria para cubrir la demanda de 2030-2031. Entre la habilitación de febrero y la subasta de mediados de año hay cuatro meses; entre la subasta y la demanda que pretende cubrir, varios años. Esa separación entre lo urgente y lo estructural recorre el conjunto de medidas: una franja de corto plazo para no quedar corto en 2027 y un mecanismo de mercado que apenas empieza a asegurar la capacidad de la próxima década.

Quién queda expuesto

Las plantas térmicas son el actor más directamente ligado a estas decisiones, porque la adición de 58 millones de pies cúbicos diarios de la Regasificadora de Cartagena se destina a su abastecimiento. Si esa ampliación y la habilitación de febrero no llegan a tiempo, la demanda que hoy ya se atiende en un 30% con gas importado quedaría más expuesta al producto externo justo cuando la ministra ubica el inicio del déficit.

La Creg concentra la respuesta de más largo alcance: su subasta de junio de 2027 define la energía firme para 2030-2031, de modo que el resultado de esa convocatoria condiciona el margen del sistema cuando las medidas inmediatas ya hayan agotado su efecto. El Gobierno, por su parte, asume el faltante de corto plazo con habilitaciones puntuales de gas sobre una base ya dependiente de la importación.

El contraste con la ruta peruana

En el Perú, el Ministerio de Energía y Minas plantea extender los contratos petroleros hasta su límite económico. La propuesta forma parte de una reforma regulatoria que busca atraer inversiones, acelerar la exploración y reactivar la producción de petróleo y gas natural en el país.

Los dos gobiernos abordan la oferta de hidrocarburos desde extremos distintos de la cadena. Colombia administra un faltante inminente con gas importado y habilitaciones puntuales, mientras ensaya con la Creg un mecanismo de capacidad para el final de la década. Perú interviene aguas arriba, sobre la vida útil de los contratos, para volver a mover la producción interna. Una ruta trabaja sobre el abastecimiento inmediato; la otra, sobre la inversión que, de concretarse, tardaría en traducirse en volúmenes.

Si la reforma peruana logra reactivar la exploración y la producción que persigue, el resultado se mediría en años de nueva actividad, no en los meses que separan a Colombia de la fecha de déficit que fijó su ministra. La señal que conviene vigilar en el caso colombiano es si la habilitación de febrero de 2027 y la ampliación de la regasificadora entran en servicio antes del plazo anunciado; en el peruano, si la extensión de contratos propuesta se traduce en compromisos de inversión concretos.