México compromete 1,17 billones de pesos para su red hacia 2030 mientras una concesión privada financia AMBA I

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum planea invertir alrededor de 1,17 billones de pesos hacia 2030 para ampliar y modernizar la generación eléctrica, las redes de transmisión y distribución y la infraestructura de gasoductos de México. El punto de tensión no está en el tamaño del compromiso sino en cómo se reparte dentro de él y en qué modelo lo financia cuando la obra pasa de la generación a los cables que la transportan.

Del monto total previsto, 794 mil millones de pesos se destinarán a generación eléctrica, 161 mil millones a transmisión y 72 mil millones a distribución. La generación recibe más del triple de lo que suman transmisión y distribución juntas. El plan carga el gasto en la producción de electricidad y deja a las redes, que son las que llevan esa electricidad al consumo, con la porción menor del presupuesto.

El cable como decisión de financiamiento

En un esquema distinto, un gobierno decidió que el Estado no ejecute directamente las obras de transmisión eléctrica y generó un mecanismo de concesión para que invierta el sector privado. AMBA I contempla obras en líneas de 500, 220 y 132 kV, 270 kilómetros de línea, 2.160 MVA de potencia, un valor aproximado de 800 millones de dólares y un plan de inversión estimado en 52 meses.

Los dos casos resuelven la misma necesidad por vías opuestas: uno coloca la transmisión dentro de un sobre público junto con la generación, el otro traslada el capital de la línea al sector privado mediante concesión. Si el Estado no pone el dinero de la transmisión, quien gana el derecho a construir AMBA I asume el riesgo de los 800 millones de dólares y los 52 meses de ejecución.

Quién queda expuesto a lo largo de la cadena

En el modelo de concesión, el sector privado es el actor que debe aportar el capital de la red de alta tensión, y su exposición se mide en los 270 kilómetros de línea y los 2.160 MVA que el contrato le exige incorporar. En el plan mexicano, en cambio, transmisión y distribución compiten por recursos contra la generación dentro de un mismo presupuesto público, y salen con 161 mil millones y 72 mil millones de pesos respectivamente.

El extremo final de esa cadena tiene otra escala. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, encabezó la ceremonia de instalación del primer poste del proyecto de ampliación del suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales de 42 localidades. El primer poste de una red domiciliaria y los 270 kilómetros de línea de 500 kV de AMBA I son los dos extremos de la misma infraestructura: el que conecta hogares sin servicio y el que mueve grandes bloques de potencia entre nodos.

El marco regional que ordena estas decisiones también se mueve. Bolivia avanzó en el análisis de una mayor integración y cooperación energética con países de Sudamérica durante la XI Semana de la Energía. Una red más integrada entre países necesita precisamente la transmisión que cada gobierno está decidiendo cómo pagar, sea con presupuesto público o con concesión privada.

La señal que conviene vigilar es el resultado de la licitación: si la concesión de AMBA I atrae a los inversores que el gobierno busca, el traslado del capital de transmisión al sector privado quedaría validado como alternativa al gasto estatal. Si el reparto del plan mexicano se mantiene, las redes seguirán recibiendo una fracción del monto que absorbe la generación hasta 2030.