42.100 toneladas fantasma en Codelco y retención de inspectores en Potosí: la gobernanza minera latinoamericana bajo presión

La minera estatal chilena Codelco reconoció que su producción de cobre estuvo inflada en 42.100 toneladas entre 2024 y 2025. El mismo día, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que sus inspectores fueron retenidos durante aproximadamente seis horas mientras investigaban explotación ilegal de antimonio en Potosí. Si el mayor productor estatal de cobre del mundo no puede medir lo que extrae, y un regulador minero no puede inspeccionar sin que lo retengan, la pregunta deja de ser operativa y se vuelve institucional.

Cifras que no existían

Codelco identificó preliminarmente 24.000 toneladas de producción artificial en 2024 y 18.100 toneladas en 2025, según Diario Financiero. El total de 42.100 toneladas de producción inflada fue confirmado por la propia empresa, de acuerdo con Rumbo Minero. Las irregularidades en los registros de producción generaron además un incremento artificial de aproximadamente 17.000 toneladas en sus inventarios.

La distinción entre producción inflada e inventarios abultados importa. Las 42.100 toneladas señalan registros de extracción que no correspondían a metal real; las aproximadamente 17.000 toneladas de inventarios apuntan a una distorsión acumulada en las existencias contabilizadas. Si ambas cifras se solapan parcialmente o se suman, el efecto sobre los estados financieros y sobre las proyecciones de oferta que terceros construyen a partir de los datos de Codelco podría diferir de forma sustancial.

Una sobreestimación de esta magnitud no es un error de redondeo. Para un productor estatal cuyas cifras alimentan contratos, regalías y balances fiscales, 42.100 toneladas fantasma distorsionan toda la cadena de decisiones que depende de ellas: desde la planificación de inversiones internas hasta las expectativas de ingresos del erario.

Antimonio bajo tierra, inspectores sin salida

En Potosí, una intervención de la AJAM en la comunidad de Jupichaque detectó explotación ilegal de antimonio en dos áreas mineras de la Empresa Minera Cruz Arce Ltda., según La Razón. Los integrantes de la comisión inspectora permanecieron retenidos durante aproximadamente seis horas y tuvieron restricciones para comunicarse y salir del lugar.

El antimonio es un mineral crítico para baterías, semiconductores y aplicaciones militares. Que su explotación ilegal se produzca en áreas con titularidad identificada sugiere que el problema no es solo la informalidad dispersa, sino una operación dentro de concesiones formales cuya supervisión fracasa en el terreno. Y cuando la respuesta a una inspección es la retención física de los funcionarios, la capacidad disuasoria del regulador queda en entredicho.

Operaciones contra minería ilegal en otras jurisdicciones

La Policía Nacional ejecutó dos operaciones contra la minería ilegal en Madre de Dios y Junín que afectaron bienes e infraestructura por más de 6,2 millones de soles, de acuerdo con la agencia Andina. El dato muestra que la respuesta estatal recurre al decomiso policial cuando la regulación preventiva no alcanza.

Comparar los dos enfoques resulta revelador. En Potosí, un regulador especializado intenta inspeccionar y termina retenido. En Madre de Dios y Junín, la policía interviene con fuerza operativa y cuantifica el daño en bienes incautados. Ambas rutas señalan que la fiscalización administrativa ordinaria no basta para contener la extracción ilegal o irregular, y que el costo de la intervención se traslada a instituciones de seguridad.

Tres exposiciones distintas, un mismo vacío

Codelco enfrenta una crisis de credibilidad en sus registros internos. Las 42.100 toneladas de producción inflada y las aproximadamente 17.000 toneladas de inventarios artificiales obligarán a revisar controles, auditorías y, posiblemente, contratos que se basaron en cifras que ahora resultan incorrectas. El daño reputacional de una estatal que publica datos sobreestimados durante dos ejercicios consecutivos podría condicionar la confianza de sus contrapartes comerciales y de los mercados de deuda.

La AJAM queda expuesta de otro modo. Detectó la irregularidad en Jupichaque, pero la retención de sus inspectores durante aproximadamente seis horas muestra que su capacidad de enforcement depende de condiciones de seguridad que no controla. Si las intervenciones futuras requieren escolta policial o militar, el costo institucional de cada inspección se multiplica.

Las operaciones policiales que afectaron bienes por más de 6,2 millones de soles indican que la minería ilegal tiene una escala económica que justifica intervenciones mayores, pero también que la destrucción de activos es reactiva: llega después de que la extracción ya ocurrió.

Lo que conecta estos tres episodios no es una conspiración común, sino un patrón: registros que no reflejan la realidad, inspectores que no pueden inspeccionar y operaciones policiales que sustituyen regulación. Si la gobernanza minera de la región no puede garantizar que las cifras de producción sean reales, que los fiscalizadores accedan a las minas y que la ley se aplique antes de la extracción, el siguiente eslabón afectado sería la credibilidad de toda la cadena de suministro de minerales críticos que parte de estos territorios.